De políticos, abogados y propiedades inmobiliarias

La guerra entre gobierno y oposición traspasa las barreras del parlamento y está en la calle, en los tribunales y hasta en el aire. El caso que nos ocupa, está creando verdadera expectación entre los turistas europeos; y es que el secretario general de PPCV, Ricardo Costa, en su actividad privada dentro de un bufete de abogados, insta a turistas europeos, que vendieron alguna propiedad en España desde el 2004 al 2006, a que demanden al gobierno.

Según los juristas inmobiliarios que ejercen en tal bufete, el gobierno incurrió en una discriminación de los ciudadanos europeos, en su mayoría británicos, al cobrarles un 35% de impuesto sobre la plusvalía cuando a los españoles se les cobraba un 15%.

Y por supuesto, el hecho de que uno de los precursores de esta iniciativa, que es ofrecida en la página web del bufete, sea miembro activo del partido de la oposición ha hecho correr ríos de tinta.

El despacho de abogados en cuestión consiguió un resultado positivo en la primera causa, sentando precedente, y generando una difusión de tal proceso en el extranjero, con el fin de atraer a clientes para ellos, que puedan reclamar el porcentaje correspondiente al Estado, al haber realizado un acto de discriminación prohibida en los tratados de la Unión Europea.

Y claro, como los juristas, dieron por buena su reclamación, existe un movimiento que se está formando a favor de estos ciudadanos que vendieron sus propiedades en España, haciendo dicho sea de paso, mella en la imagen del gobierno, y por supuesto en sus arcas.

En una situación en la que las leyes inmobiliarias han sido puestas en entredicho, lo que más prima es que el asesor económico del bufete sea un cargo público, es decir, el morbo es lo que más llama la atención de los españoles. No hay mucha diferencia entre el telediario y un programa telebasura.