El Informe Auken

Todos los expertos hablan de lo mismo en estos días: El temido Informe Auken. En resumen, este informe es una soberana reprimenda de la Comunidad Europea al ya conocido negocio de la especulación urbanística en España, con la amenaza de congelar y retirar fondos europeos si esta situación persiste.

Y es que los 32.000 millones de euros que destinan las fuentes europeas no son moco de pavo, y es posible que los perdamos si la Comisión Europea hace caso de todo lo que el informe Auken denuncia.

El informe está redactado por una diputada verde de Dinamarca, Margrete Auken, y está basado en 150 denuncias, las más significativas puesto que hay algunas más, sobre delitos urbanísticos en nuestro país, que tanto particulares, colectivos y juristas inmobiliarios vienen realizando en los últimos años.

En el informe se recuerdan una serie de medidas que no llegaron a buen puerto en 2005 y 2007, y se recomienda a la Comisión Europea que haga valer su autoridad retirando capitales destinados a España, en el caso de que sigan sin cumplirse en este ejercicio alegando que “la Comisión está facultada a interrumpir la provisión de fondos estructurales” y que “el Parlamento puede decidir colocar en reserva fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y principios que está obligado a respetar” .

Y no se libra nadie, el informe hace alusión tanto a organismos de gobiernos, (central, regional y local) como a promotores, constructoras…etc, denunciando que han obtenido beneficios masivos haciendo grandes movimientos generados por la avaricia.

Y mientras, los representantes del PP y Psoe tras agotar sus desgastadas medidas de contener la aprobación del informe, se intercambiaban la patata caliente culpándose unos a otros de la situación de oscuridad e ilegalidad que rodea todo el mercado inmobiliario y urbanístico español.

El informe Auken no intenta acusar a partidos políticos concretos, sino a una situación que viene dándose desde hace ya muchos años en España transcendiendo legislaturas y gobiernos, es una crítica a la codicia y la mezquindad que traspasa la ley.

Las garantías que el informe solicita son claras, y deberían estar presentes en todo negocio público o privado: Revisión legislativa, transparencia e información.